El fiscal general, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó este día en conferencia de prensa que las probables responsables son dos jóvenes de 16 años y una de 14, y que buscará imputarles los delitos de maltrato infantil y violación a la privacidad ante un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes. La audiencia inicial de citación quedó fijada para el próximo lunes 30 de noviembre.
El video que circuló desde el 15 de noviembre detonó la denuncia pública
Desde el 15 de noviembre comenzó a circular en redes sociales una grabación donde se observa a una menor con un vapeador cerca del rostro mientras es sostenida por una de las adolescentes señaladas. El contenido se difundió en distintas cuentas y plataformas digitales antes de que la FGJES iniciara formalmente las indagatorias.

Junto con el video, circuló un mensaje de denuncia dirigido a usuarios de redes sociales en el que se pedía ayuda para identificar a los involucrados. El texto señalaba que la persona responsable del cuidado de la niña era originaria de Hermosillo y solicitaba que la denuncia llegara a alguna autoridad o algún familiar que pudiera resguardar a la menor y cuidarla como corresponde.
Ese llamado, replicado por distintas cuentas, aceleró la presión social sobre las autoridades sonorenses para que se investigara el origen de la grabación y se identificara a las personas que aparecían en ella. La FGJES inició las indagatorias a partir de esa difusión masiva en plataformas digitales.
Así ocurrieron los hechos durante el servicio fúnebre
Segú las investigaciones, los padres de la niña acompañaban a los deudos durante un servicio fúnebre cuando le pidieron a una de las adolescentes que cuidara momentáneamente a la pequeña. Salas Chávez omitió el parentesco entre la joven y la familia de la menor por tratarse de una adolescente.
De acuerdo con el relato del fiscal, la joven a cargo del cuidado hizo fumar el vapeador a la niña. Mientras tanto, otra de las adolescentes grababa la escena con un celular y una tercera participaba de la conducta sin intervenir para detenerla.
Salas Chávez describió lo ocurrido como algo que las tres adolescentes consideraban “un juego”. Esa misma grabación, capturada en el momento de los hechos, fue la que posteriormente subieron a redes sociales y la que terminó identificada por la Fiscalía como la prueba central del caso.
La FGJES judicializó el caso por dos delitos específicos
La FGJES determinó que las conductas atribuidas a las tres adolescentes constituyeron los delitos de maltrato infantil y violación a la privacidad. Este último cargo se relacionó directamente con el hecho de que la escena fue filmada y posteriormente subida a redes sociales sin consentimiento de la familia de la menor.
Salas Chávez precisó que la FGJES integró las investigaciones y las llevó ante la autoridad judicial especializada, al considerar que los hechos debían investigarse penalmente pese a la condición de menores de edad de las señaladas. El fiscal aclaró que, por la naturaleza de los delitos y las disposiciones del Sistema de Justicia para Adolescentes, no correspondía imponer automáticamente una medida de internamiento preventivo.
Esa disposición legal explicó por qué no se solicitó una orden de aprehensión contra las tres jóvenes. En su lugar, el proceso avanzó mediante una citación judicial que derivó en la fecha de audiencia fijada para el 30 de noviembre, cuando las adolescentes deberán presentarse ante el juez.
Durante esa audiencia inicial, las tres jóvenes deberán responder por los cargos señalados, aunque el fiscal precisó que se trató únicamente de la etapa de citación y no de una resolución sobre su responsabilidad.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes intervino en el caso
Como parte de la investigación, la FGJES recabó entrevistas y ordenó estudios médicos y toxicológicos a la niña para determinar el alcance de la exposición al vapeador. También se dio intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de garantizar el bienestar de la menor.
Salas Chávez confirmó que la pequeña permaneció bajo el resguardo de sus padres durante todo el proceso. El fiscal reiteró que la FGJES daría seguimiento al procedimiento judicial con prioridad en el interés superior de la niñez, la protección de su integridad y el respeto a sus derechos.
El fiscal general describió el caso como “muy lamentable” y señaló que, pese a estar esclarecido y judicializado, el proceso ante los tribunales continuaría su curso conforme a los tiempos establecidos por la autoridad judicial.
El caso ocurre después de la prohibición federal de vapeadores
El hecho se da 10 meses después de que entrara en vigor la prohibición absoluta de comercialización, importación y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México, vigente desde el 16 de enero de 2026. La medida deriva de una reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación.
La norma contempla sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes comercialicen estos dispositivos. La ley permite la posesión y el consumo personal, siempre que no exista intención comercial o de distribución.
La reforma surgió por la preocupación de las autoridades sanitarias sobre los riesgos de los vapeadores, en particular entre la población joven, al contener sustancias tóxicas que representan un peligro para la salud.





