El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, al cumplirse cuatro años de las protestas del 11 de julio de 2021, medida que responde a su participación en lo que Washington califica como “graves violaciones de derechos humanos” durante las manifestaciones.
Ese día, miles de personas salieron a las calles en diferentes puntos de Cuba para protestar contra la situación económica y política del país.
En respuesta, Díaz-Canel emitió un mensaje televisado en el que llamó a los simpatizantes del gobierno a enfrentar a los manifestantes, lo que derivó en una jornada con un saldo de un fallecido, decenas de heridos y cientos de detenidos.
El Departamento de Estado anunció la implementación de nuevas restricciones migratorias a Díaz-Canel, así como a los ministros de Defensa, Álvaro López Miera, y del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas.
También se anunció la prohibición de ingreso a Estados Unidos para varios funcionarios judiciales y penitenciarios implicados en detenciones y torturas relacionadas con las protestas.
Según datos oficiales estadounidenses, alrededor de 700 personas permanecen encarceladas por su participación en las manifestaciones.
Organizaciones de derechos humanos cifran esta cantidad entre 360 y 420.
Asimismo, se denunció la situación del disidente José Daniel Ferrer, cuya familia acusa al sistema penitenciario de torturarlo desde que le fue revocada la libertad condicional en abril.
Estados Unidos también actualizó la lista de propiedades restringidas en Cuba para evitar que recursos estadounidenses financien al gobierno.
Entre los inmuebles añadidos se encuentra la Torre K, un hotel recientemente inaugurado en La Habana, cuya construcción ha generado críticas debido a la inversión estatal en infraestructura turística en medio de una crisis económica.
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