El paro de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), que estaba programado para concluir este miércoles 16 de octubre, continuará debido a que los trabajadores de apoyo se mantienen en suspensión de labores, afectando el retorno a las actividades regulares. Aunque los jueces y magistrados habían acordado regresar tras una consulta realizada el pasado fin de semana, en la que la mayoría se mostró a favor de reanudar actividades, la negativa de sus colaboradores clave ha impedido que esto ocurra.
Desde el 19 de agosto, los secretarios, actuarios, notificadores, auxiliares jurídicos, administrativos, encargados de salas de audiencias y proyectistas, entre otros, han mantenido su paro en protesta por la incertidumbre laboral que enfrentan, agravando la situación del sistema judicial.
Los trabajadores judiciales mantienen las instalaciones cerradas
Fernando Miguez, vocero de los trabajadores judiciales, fue contundente en sus declaraciones: «Las instalaciones del Poder Judicial de la Federación van a permanecer cerradas. Ya están cerradas y seguirán así por parte de los trabajadores». En entrevista posterior a una manifestación en Palacio Nacional, Miguez subrayó que no existen condiciones para retomar las labores hasta que se garanticen sus derechos laborales.
«Mientras no nos aseguren que nuestras prestaciones serán respetadas este año y los próximos, no vamos a regresar. Si los jueces quieren trabajar, pero no tienen el personal para hacerlo, deberán pronunciarse al respecto», añadió Miguez, evidenciando la gravedad del conflicto.
El impacto de la movilización de 55 mil trabajadores
Patricia Aguayo, otra de las voceras del movimiento, advirtió a jueces y magistrados sobre la necesidad de emitir los oficios que declaren los días inhábiles. «Ellos son los encargados de elaborar los oficios correspondientes para informar la declaratoria de días inhábiles, ya que no hay condiciones para regresar a laborar», señaló Aguayo, destacando el rol administrativo que los trabajadores judiciales desempeñan en la operatividad del sistema.
Este paro, que involucra a 55 mil trabajadores en todo el país, ha afectado diversas áreas del Poder Judicial, aunque los empleados han continuado atendiendo casos urgentes las 24 horas, principalmente aquellos que comprometen la libertad personal o la salud de los ciudadanos. No obstante, reconocen el impacto negativo sobre otros casos que permanecen pendientes.
El riesgo para el sistema de amparos
Fernando Miguez reconoció el perjuicio que esta suspensión representa para los litigantes, cuyos casos se han quedado «atorados». «Entendemos el daño que esto causa a quienes tienen procesos abiertos», admitió el vocero. Sin embargo, Miguez defendió la continuidad del paro argumentando que se trata de una lucha por el futuro del sistema de amparos en México.
«Mañana el amparo va a desaparecer con estas medidas que está tomando el gobierno federal; no va a haber quien nos proteja. El amparo está siendo desmantelado con las decisiones que están tomando», afirmó, alertando sobre las posibles consecuencias a largo plazo para los derechos de los ciudadanos si persisten las políticas actuales.
El paro indefinido como última medida de presión
Ante la falta de garantías por parte de las autoridades, los trabajadores judiciales han decidido mantener la suspensión de labores de manera indefinida, atendiendo únicamente los casos urgentes que pongan en riesgo la vida o la libertad de las personas. El paro continuará afectando las funciones del Poder Judicial a nivel nacional, mientras los trabajadores esperan una respuesta favorable a sus demandas.
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